Los números no cierran por ningún lado. Ceder más recursos implica colocarse al borde de ese precipicio fiscal llamado déficit. Ninguna provincia está en condiciones de seguirle el ritmo a la Casa Rosada. Se lo hicieron saber los propios, más cercanos a la administración del presidente Javier Milei, y los ajenos, aquellos que no comparten sus políticas de motosierra permanente. Sin embargo, en el medio, hay matices. En el eufemismo de la política se los denomina dialoguistas.
El clima es por demás tenso. El fin de semana que pasó hubo constantes llamadas telefónicas entre un grupo de mandatarios norteños que todavía conservan la esperanza de que el ministro del Interior, Diego Santilli, cumpla con su palabra. “No podemos perder plata. La actividad no repunta y, por lo tanto, la recaudación no apuntala”, fue una de las frases que intercambiaron el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil. Los norteños saben que, si no endurecen su postura, la Nación avanzará a su propia velocidad y dejará en el camino las promesas financieras. La reforma laboral se ha convertido en una imperiosa necesidad para la gestión de Milei. Más allá de sus efectos en el mercado de trabajo, que requiere de una reactivación con menos costos para los empresarios, la iniciativa es también un factor político, que puede implicar la primera gran victoria de este año que arranca de La Libertad Avanza en el Congreso.
Mientras tanto, la administración libertaria juega al policía bueno y policía malo, una táctica para medir el pulso de los gobernadores. Santilli y la presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, mantienen el celular abierto a las requisitorias de los representantes de las 24 jurisdicciones subnacionales. Distinto el caso del ministro de Economía Luis Caputo que resta márgenes de negociación al afirmar que no está dispuesto a prescindir de la baja del impuesto a las Ganancias a las empresas incluido en el proyecto de Modernización Laboral. Eso es lo que se contempla en el artículo 190 de la iniciativa que propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades. Según estimaciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, el costo para las provincias rondaría los $ 3,2 billones. Caputo relativiza el resultado y señala que el posible impacto será equivalente a la mitad de aquel monto. “La Argentina tiene que bajar impuestos…Los gobernadores no quieren ceder en la baja de Ganancias, que empezaría a impactar en 2027”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda. Al otro día, ató aquella menor carga fiscal al comportamiento de la actividad económica.
Los mandatarios, entre ellos Jaldo, no ponen reparo a esa decisión en tanto y en cuanto la Nación compense la merma de partidas. Pensar en 2027 suena para ellos a largo plazo; antes, tienen que sobrevivir a un traumático 2026, con eventuales complicaciones financieras si es que no repunta el consumo. Además de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos son la base de la recaudación que se precisa para sostener el aparato estatal.
Todavía hay margen para negociar. Los mandatarios norteños están dispuestos a escuchar propuestas desde la Casa Rosada, pero advierten que todo se juega en tiempo de descuento. El Gobierno nacional ha fijado como objetivo que la reforma laboral tenga media sanción la semana que viene. Un gesto en el marco de las negociaciones es que, si hoy se elabora un crítico documento de los mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ese texto no llevará la firma, por ejemplo, de Osvaldo Jaldo.
“Necesitamos que nos aseguren un flujo de al menos $ 20.000 millones mensuales para sostener el equilibrio fiscal y no tener nubarrones en el rumbo financiero”, le dijo Jaldo a Santilli en una de las últimas charlas telefónicas. Aquella suma contiene los fondos que el Gobierno nacional le adeuda, por distintos conceptos, a Tucumán. Además, queda pendiente la firma de un nuevo acuerdo fiscal que, entre otras medidas, contemple también una compensación de ingresos a cuenta de la reforma laboral.
Ese no fue el único planteo que le formuló el gobernador tucumano al ministro del Interior. También le mencionó que no se está cumpliendo la tregua verbal acordada con las máximas autoridades de Balcarce 50 mientras se extiendan las conversaciones por la reforma laboral. Jaldo aludió directamente a las críticas en las redes sociales del titular del distrito Tucumán de LLA, Lisandro Catalán. “Llama la atención -y preocupa- escuchar a varios gobernadores, incluido el de Tucumán, quejarse porque la reforma avanza en bajar el impuesto a las Ganancias. ¿De verdad el problema es que la gente y las empresas paguen menos impuestos?...Lo que en realidad no quieren bajar es el gasto político obsceno que sostienen en los estados provinciales. Prefieren seguir exprimiendo al sector productivo antes que ajustar sus propios privilegios”, posteó el actual director de YPF.
Jaldo considera que Catalán está anticipando una campaña electoral de la que aún le falta más de un año para ejecutarla. En su entorno consideran que “sería más saludable para la provincia que el ex ministro del Interior se ponga al servicio de la provincia, en vez de lanzar piedras desde la vereda del frente”. Desde la Rosada le contestaron al mandatario que se ocuparán del caso. Nada más. Por las dudas, Jaldo le transmitió a Santilli que en ningún momento ha dicho que se opondrá a la reforma electoral, pero dejó en claro que Tucumán necesita los fondos que le adeuda la Nación (en principio, el reclamo se circunscribe a los $ 95.000 millones originado en prestaciones sanitarias, incentivo docente y menos subsidios) y una compensación por la baja de la actividad.
Los norteños seguirán negociando con la Nación en bloque. Saben que Milei necesita de los votos en el Congreso del conjunto de parlamentarios y hasta desconfían respecto de una estrategia libertaria para dividirlos y, así, prescindir de alguno de los distritos en caso de alcanzar más votos por otra vía. De allí que peligra el número mayoritario de gobernadores en la cita en la sede porteña del CFI. El faltazo se dará desde el norte hasta el sur. Nadie está dispuesto a inmolarse por una patriada netamente partidaria. De hecho, Jaldo no tiene motivaciones para posarse en la actual estructura del Partido Justicialista a nivel nacional porque no cuenta con respaldos y está a tiro de eventuales sanciones, como le pasó a la senadora Carolina Moisés en Jujuy. En el camino, el tranqueño viene postergando reuniones con dirigentes de la CGT nacional, que claman para que Tucumán le de la espalda a la reforma laboral.
Policías buenos y policías malos también es una estrategia que se observa en territorio provincial. En cuestión de seguridad, el gobernador no está dispuesto a ceder el centro del ring. El caso del asesinato de Érika Antonella Álvarez lo desvela. Jaldo no quiere una reedición de lo que le sucedió a Paulina Lebbos, mucho menos que Tucumán sea el foco de riñas de verano que, en la costa atlántica, le costó la vida a Fernando Báez Sosa, y que, gracias a Dios, en Tafí del Valle la golpiza de un grupo de jóvenes a Patricio Ledezma no haya tenido un desenlace fatal. “Vamos a fondo; sin miramientos y hasta las últimas consecuencias”, espetó el propio titular del Poder Ejecutivo a los miembros de la cúpula policial, durante una reunión con la que abrió la semana, tras dos días de monitoreo permanente en el accionar de los uniformados.
Con los últimos allanamientos, con operativos sorpresas y el mayor movimiento de los uniformados en distintos puntos de la provincia, la Policía modificó una situación que, de no haber mediado aquel accionar, hubiese significado cambios rotundos dentro de la fuerza. Como dice un colaborador cercano al mandatario, “levantaron el aplazo, pero están en examen constante”. Jaldo avanzará, además, con la radicación del Instituto Cura Brochero en Benjamín Paz, más allá del pronunciamiento en contra de esa iniciativa por parte de instituciones que velan por los derechos de los niños y de los adolescentes. “La cárcel de Benjamín Paz fue pensada para adultos, diseñada arquitectónicamente para adultos, esto condiciona absolutamente la perspectiva desde donde se piensa el abordaje: es incompatible con una perspectiva socioeducativa en materia de niñez”, fue una de las observaciones que realizaron entidades que representan a abogados, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros, a través de una nota enviada al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. “El traslado de niños y adolescentes del Instituto Roca a Benjamín Paz, constituye una agravamiento de las condiciones de alojamiento de los adolescentes. Trasladarlos a kilómetros de su centro de vida impacta negativamente en el sostenimiento de vínculos familiares mediante visitas, y la posibilidad de mantener vínculos con sus comunidades de origen”, continúa el escrito.
La gestión provincial arrancó un 2026 con varios frentes de tormenta. Jaldo no cederá a las presiones, según indicó. Tampoco tiene demasiado margen de maniobra. Las próximas semanas serán claves para el devenir financiero e institucional de los próximos meses. Hay demasiado en juego para encarrilar el rumbo de un año que, en los papeles, debería ser de relativa tranquilidad. De lo que haga en este 2026 dependerá lo que se espera para 2027. Con reelección o sin ella; con elecciones en junio o tal vez anticipadas a mayo. Con déficit cero o buscando la manera de sostener las cuentas sin llegar al déficit. Es el ritmo de estos tiempos, de policías buenos y de policías malos.